Este lunes comienza el juicio contra los instructores del caso Cursach, una causa que indagaba una supuesta trama de connivencia entre agentes de la Policía Local de Palma y el mayor empresario del ocio nocturno balear, Bartolomé Cursach. En el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares se sientan el magistrado Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, ambos jubilados, además de cuatro funcionarios de la Policía Nacional de Baleares. La fiscalía reclama para los seis procesados más de 500 años de cárcel por presuntos delitos de revelación de secretos, detención ilegal, obstrucción a la justicia y prevaricación judicial cometidos durante el tiempo que estuvieron al cargo de una de las investigaciones más controvertidas de los últimos años en las islas.
La fiscalía los acusa de cometer hasta 27 presuntas filtraciones de datos a medios de comunicación, que publicaron después la información en forma de noticia. También de irregularidades en la instrucción del llamado caso ahorauna pieza desgajada de la causa principal que el ministerio público considera que está basada en la declaración de un testigo protegido con un contenido “completamente inconcreto y especulativo”.
Las acusaciones particulares, que representan a los empresarios investigados durante el proceso, también reclaman penas elevadas de prisión, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ya ha pedido a los acusados una fianza de responsabilidad civil solidaria de 420.000 euros para que hagan frente a las posibles consecuencias económicas en caso de ser condenados.
El proceso se celebrará hasta septiembre en los juzgados de Sa Gerreria, en el casco antiguo de Palma, un lugar que se ha elegido para poder acoger a todas las partes personadas.
Las sesiones arrancan este lunes a las nueve de la mañana con las cuestiones previas, para la que se han reservado dos días. A partir de ahí, el tribunal contempla suspender el juicio para decidir sobre esas cuestiones. Si la vista continúa, se retomará el 22 de junio con las declaraciones de los principales acusados.
El juez Manuel Penalva será el primero en responder a las preguntas de la fiscalía y las acusaciones. Penalva, jubilado por el Consejo General del Poder Judicial por incapacidad, se enfrenta a 118 años de cárcel por un delito de revelación de secretos, 15 delitos de detención ilegal, dos de obstrucción a la justicia y dos de prevaricación judicial. El fiscal Miguel Ángel Subirán, también jubilado, afronta una condena de 121 años y ocho meses de cárcel por los mismos delitos y suma, además, uno de falso testimonio.
Tras la declaración de ambos, será el turno de los cuatro funcionarios, que tienen reservadas cuatro sesiones, hasta el 28 de junio.
A finales de mes comenzarán las declaraciones de los testigos: primero varios agentes de la Policía Nacional, después varios periodistas que siguieron el caso, para dejar pasado a otros como el fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrauque ejerció la acusación en el juicio que sentó en el banquillo al empresario Cursach o el juez Miquel Florit, que asumió la investigación de la causa después de que se apartara a Penalva y que terminó condenado por el decomiso de los teléfonos móviles de dos periodistas que investigaban el asunto.
En el listado de decenas de testigos propuestos figuran varios políticos del Ayuntamiento de Palma, empresarios y varias personas que fueron investigadas durante la instrucción del caso. Esta fase testifical se alargará hasta el 14 de julio, cuando el proceso se interrumpirá para dejar pasar el mes de agosto, inhábil a efectos judiciales, hasta el 4 de septiembre.
A partir de ese momento, el juicio encarará su fase final con los testigos restantes y concluirá el 22 o 23 de septiembre, dependiendo de la agilidad, con los turnos de última palabra de los acusados.
El caso Cursach fue juzgado en la Audiencia Provincial de Baleares durante varios meses el año pasado. Todos los acusados fueron absueltos después de que las acusaciones retiraran los cargos contra los 17 procesados que finalmente se sentaron en el banquillo. Cinco personas que declararon como testigos durante el proceso contra el empresario están pendientes de declarar en los juzgados acusados de presuntos delitos de falso testimonio.
