El ministro de seguridad pública ordena la financiación temporal de 3 servicios de policía de las Primeras Naciones que operan con «humos»
El ministro de Seguridad Pública, Marco Mendicino, ordenó el financiamiento temporal de tres servicios policiales indígenas que reciben dinero bajo un programa especial administrado por Ottawa, luego de que su financiamiento fuera cortado hace más de dos meses debido a que las negociaciones para un nuevo acuerdo se estancaron.
Mendicino dijo a los periodistas en Ottawa el lunes que «no estaba satisfecho con el estado de las negociaciones» entre los servicios policiales y el gobierno.
«Creo que, de hecho, varias de sus preocupaciones tienen mérito, por lo que ahora me he comprometido directamente con la comunidad y le he dado instrucciones a mi departamento para que encuentre soluciones rápidamente para que podamos resolver cualquier problema actual con respecto a la flujo de dinero a la comunidad».
El Programa de Vigilancia de las Primeras Naciones y los Inuit administra los fondos para los servicios policiales en 425 comunidades de las Primeras Naciones y los Inuit en todo Canadá.
Los tres servicios policiales de Ontario que están en el centro de las negociaciones con Ottawa son:
- Servicio de Policía del Tratado Tres.
- Servicio de Policía Anishnaabe de la UCCM.
- Servicio de Policía de Anishinabek.
Mendicino dijo que si bien no es la convención que los ministros se involucren directamente en las negociaciones, ha pedido que esos servicios policiales reciban los fondos que necesitan durante los próximos 90 días.
«Lo primero es lo primero: hagamos que los fondos regresen a la comunidad lo más rápido posible», dijo.
«Entonces haremos que las partes vuelvan a la mesa de negociación de buena fe para que podamos dar los siguientes pasos hacia la reconciliación».
Sin embargo, el abogado de los tres cuerpos policiales dijo que la promesa de Mendicino no cambia nada.
Julian Falconer dijo que el ministro no ha esbozado lo que deben hacer para ser elegibles para esos fondos, y seguirán resistiéndose a firmar cualquier política discriminatoria.
Falconer dijo que planea proceder con la presentación de una orden judicial ante un Tribunal Federal para la financiación operativa de emergencia en nombre de los Jefes de Policía Indígena de Ontario el miércoles.
Financiación cortada el 31 de marzo
El Servicio de Policía del Tratado Tres, que atiende a 23 comunidades de las Primeras Naciones en el noroeste de Ontario, ha estado trabajando en una línea de crédito desde el 5 de junio.
«Hemos estado operando, esencialmente, con lo que yo llamaría los humos que quedaron de la financiación anterior», dijo a CBC News el jefe del Servicio de Policía del Tratado Tres, Kai Liu.
El 31 de marzo, el Programa de Vigilancia Inuit y de las Primeras Naciones de Ottawa cortó la financiación del servicio del Tratado Tres, el Servicio de Policía Anishnaabe de la UCCM (en la isla Manitoulin) y el Servicio de Policía Anishinabek (que cubre una gran franja del noreste de Ontario).
Juntos, representan a 45 comunidades de las Primeras Naciones y alrededor de 30 000 personas en todo el norte de Ontario.
Los tres cuerpos policiales llegaron a un callejón sin salida con el organismo financiador porque «opera de la manera más extraordinariamente racista», según Falconer.
En 2019-2020, el programa proporcionó más de $150 millones para apoyar a 1350 policías en todo Canadá. En 2021-2022, recibió $540,3 millones en financiamiento durante cinco años. El gobierno federal cubre el 52 por ciento del presupuesto y las provincias y territorios cubren el otro 48 por ciento.
Cuando llegó el momento de que los tres servicios policiales del norte de Ontario renegociaran sus acuerdos con el gobierno, no pudieron llegar a un acuerdo sobre ciertos términos que, según afirman, restringen su capacidad de servir a sus comunidades.
Si bien se ha ofrecido un aumento de fondos, Liu dijo que los términos y condiciones impiden que los servicios sean dueños de su propiedad y, lo que es más importante, operen unidades policiales especiales, como una unidad canina, una unidad de delitos mayores y una unidad de agresión doméstica.
«Estos términos y condiciones ya han sido considerados discriminatorios por el Tribunal Canadiense de Derechos Humanos como resultado de una denuncia de las Primeras Naciones que se originó en Quebec», dijo Liu.
Falta de recursos
En una conferencia de prensa en Ottawa el lunes, el jefe de policía anishnaabe de la UCCM, James Killeen, dijo que los problemas de drogas en su área son «astronómicos» y que sus oficiales no tienen los recursos disponibles para abordarlos.
«Tenemos informes forenses que muestran que nuestras muertes por sobredosis son más altas que el promedio en nuestro país», dijo.
Killeen dijo que sería inaudito que los servicios policiales no indígenas no obtengan recursos para unidades especiales y pierdan su financiación si llegan a un punto muerto con el organismo que proporciona la financiación.
“Cuando se acaba el contrato de un servicio de policía municipal, el jefe de policía se reúne con el alcalde y el concejo”, dijo Killeen.
«Y si no están de acuerdo sobre un presupuesto, siguen trabajando en eso. En ningún momento un alcalde y un concejo le dicen a ese servicio de policía: ‘Recortaremos los fondos a menos que firme en la línea de puntos'».
Los Jefes de Policía Indígena de Ontario han presentado una queja ante la Comisión Canadiense de Derechos Humanos sobre los términos y condiciones del Programa de Vigilancia de las Primeras Naciones y los Inuit.
